Cox Communications ha apelado oficialmente el veredicto de piratería de música de 1.000 millones de dólares que un jurado le impuso en diciembre de 2019.
En resumen, la confrontación subyacente en la sala del tribunal comenzó en 2018, cuando las principales discográficas acusaron a Cox Communications de beneficiarse de una infracción masiva de derechos de autor cometida por sus usuarios, específicamente con respecto a la supuesta infracción de 10.017 obras.
La subsidiaria de Cox Enterprises, negó las acusaciones, pero a fines de 2019 un jurado determinó que la compañía era responsable de una infracción indirecta y contributiva en las 10.017 obras mencionadas anteriormente y adjuntó $ 99.830,29 en daños a cada uno de estos materiales con derechos de autor exigiéndosele a Cox en consecuencia un total redondeado a la baja de 1.000 millones de dólares a los demandantes.
Por su parte, Cox afirma en su apelación que la última suma es 32 veces la mayor adjudicación del jurado por daños legales por derechos de autor contra un infractor secundario y $ 431 millones más que todas las adjudicaciones por daños legales por derechos de autor otorgadas entre 2009 y 2016 combinadas.
Como era de esperar, los acusados describieron el veredicto como sorprendentemente excesivo, aunque el juez en junio de 2020 desestimó la mayoría de las impugnaciones de la compañía. Sin embargo, entre las impugnaciones que dicho juez permitió proceder, se encontraba una relacionada con una supuesta superposición entre las grabaciones de sonido y las composiciones subyacentes en las listas de obras supuestamente infringidas.
Cox, con sede en Atlanta, recibió 60 días para proporcionar una lista actualizada que omitía trabajos superpuestos, y esta nueva lista contenía 7.579 elementos, 2.438 menos que las listas iniciales, por casi 250 millones de dólares.
Finalmente, el juez dejó intacta la lista de obras presuntamente infringidas así como la sentencia de 1.000 millones de dólares porque los abogados de Cox no presentaron evidencia de la supuesta relación entre los grabaciones de sonido y composiciones musicales en el juicio.
Cox Communications y su abogado en febrero de este año presentaron formalmente una notificación de apelación, especificando que tenían la intención de llevar el asunto al Cuarto Circuito.
«La industria de la música está librando una guerra en Internet», afirma el texto, y explica que unos «15 años después de Napster, la industria de la música lanzó una nueva estrategia agresiva: atacar Internet en sí, demandando a los proveedores de servicios de Internet.»
A partir de ahí, la parte apelante indica que, a diferencia de Napster, el servicio de Internet no está diseñado ni anunciado para promover la piratería, al tiempo que enfatiza el papel de Cox en el desarrollo de un sistema automatizado para contactar a los suscriptores al recibir un aviso de infracción.
“Cox no solo no fomenta la infracción, sino que no puede evitar la infracción en sus cables, como tampoco su compañía telefónica puede evitar que los usuarios cometan fraudes en las líneas telefónicas. En cambio, Cox invierte importantes recursos en educación y disuasión”
Poco después, el apelante dice que solo el 1% de los 6 millones de usuarios de Cox están acusados de infringir los medios protegidos, y que el 95% de los infractores dejan de descargar obras (es decir, sin el permiso de los titulares de derechos) después de recibir una advertencia formal a través de los sistemas de rastreo de Cox.
En este sentido se procesan alrededor de un millón de avisos de infracción de derechos de autor al año, por parte Cox, y entre 2013 – 2014 (cuando ocurrió la supuesta infracción del caso), el Sistema de seguimiento de abusos tuvo tres fases. La primera (un aviso por correo electrónico) terminó con la infracción el 78 % de las veces, según el documento, mientras que la fase dos, una suspensión del servicio de Internet, elevó la cifra a la tasa de éxito del 95% antes mencionada.
La tercera y última fase drástica, una suspensión permanente de Cox, se utilizó solo unas pocas docenas de veces en 2013 y 2014, y las únicas cuentas que continuaron acumulando más y más avisos fueron todas las cuentas comerciales o ISP regionales, cuya terminación habría tenido consecuencias especialmente devastadoras.
Y con respecto a las leyes y reglas anti-infracción supuestamente defendidas por los demandantes, especialmente aquellas relacionadas con la prohibición de infractores reincidentes, Cox escribe:
“Los ISP tendrán que expulsar a hogares o empresas enteras de Internet, recortando sus vidas, sus medios de vida y sus conexiones sociales, basadas en algunas acusaciones aisladas y potencialmente inexactas».
Cox destaca los matices de la demanda que entabló con BMG, incluido que el jurado del caso lo declaró culpable de infracción contributiva.
En el frente de la responsabilidad indirecta, Cox afirma que sus suscriptores no son sus agentes, no gana nada cuando infringen y no desempeña ningún papel en el seguimiento o la dirección de sus actividades. Además, el ISP sostiene que no se benefició directamente del comportamiento infractor de los suscriptores y que fue significativamente más agresivo para disuadir la infracción, citando tarifas entre pares en su servicio y en otros ISP.
Cox también indica que no pudo supervisar la actividad en Internet de sus seis millones de suscriptores mencionados anteriormente:
«No se dispara ninguna alerta roja en la sede de Cox cuando un usuario está a punto de cambiar de compras en línea a una descarga ilegal, tal como lo ha hecho AT&T no tengo idea de cuándo una llamada telefónica pasa de una conversación a una conspiración».
En un esfuerzo por anular también la sentencia por infracción contributiva, Cox apunta a la idea de que debería haber prohibido a los infractores reincidentes de su red de una vez, transmitiendo que un 77,9 por ciento de estas personas nunca pasan del tercer aviso, es decir, a su vez, que era difícil (o incluso imposible) saber qué cuentas volverían a infringir los medios protegidos.
De manera similar, el acusado dice que los avisos automatizados de infracción de derechos de autor de MarkMonitor eran muy propensos a errores. MarkMonitor nunca determinó si un usuario que tenía una copia de una grabación estaba en la red de Cox cuando descargó la canción; el usuario podría haber llevado su computadora portátil a la cafetería o descargarla en su iPhone a través de su red celular.
“Basándonos en solo un puñado de avisos de infracción indefinidos y en disputa, es irrazonable y altamente inviable desconectar el acceso a Internet de un hogar, un paso que podría impedir que un niño asista a la escuela, hacer que un padre sea despedido de su trabajo o cerrar a un discapacitado persona fuera de todo el mundo exterior ”
Por último, el extenso documento reexamina el número de obras (6.734 grabaciones de sonido y 3.283 composiciones) por las que los demandantes afirman tener derecho a indemnización, y se cuestiona específicamente con 223 millones de dólares adicionales derivados de la superposición de obras maestras y composiciones en el contexto de la Ley de derechos de autor. Definición de “obra derivada”.
Además, Cox Communications apunta a otros 500 millones de dólares en daños supuestamente inválidos, diciendo que el tribunal permitió premios separados para cada canción en lugar de para cada álbum, lo que infló aún más el número de premios en más de 5.000, o más de $ 500 millones.
“La sentencia de $ 1.000 millones está totalmente desvinculada del daño que causó: $ 692.000 en descargas desplazadas [a una tasa de $ 1 por descarga de canción]”
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