Los organizadores de dos festivales de música de Ohio han demandado a los funcionarios de salud locales por la prohibición estatal de festivales de música, en un mes en el que varios estados de EE. UU. informaron niveles de infección récord.
Los 50 estados de EE. UU. Ahora han comenzado a reabrirse en cierto grado tras el confinamiento. Desde principios de junio, según informa el Washington Post, 14 estados: Alaska, Arizona, Arkansas, California, Florida, Kentucky, Nuevo México, Carolina del Norte, Mississippi, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Utah, así como Puerto Rico, han visto su promedio más alto de nuevos casos de coronavirus en 7 días.
En Ohio, donde la orden de quedarse en casa expiró el 29 de mayo, la prohibición actual de reuniones masivas, incluidos «desfiles, ferias y festivales», ha provocado que los promotores ESK Presents (organizadores del cancelado Festival de Música Bellwether, y Project Live) emprendieran acciones legales.
Los organizadores alegan que la prohibición de los eventos viola los derechos de la primera enmienda (libertad de expresión) de los organizadores, artistas y público y por ello, han demandado a los funcionarios de la ex directora del departamento de salud de Ohio, la Dra. Amy Acton, y las autoridades de salud del condado de Stark y Warren.
La demanda, que se presentó el 11 de junio, el mismo día que Acton renunció a su cargo, también incluye a Mark W Miller, quien desea asistir en Bellwether de este año, como demandante.
Los demandantes argumentan que las restricciones son «infundadas» y cuestionan la cantidad de infecciones reportadas por las autoridades en Ohio.
Según el documento presentado, los organizadores de Bellwether han gastado US $400,000 en contratos de artistas para el evento 2020, que iba a presentar a John Moreland, Davy Knowles y los Growlers. Por su parte, el Country Fest habría gastado $2 millones en artistas como Brett Eldredge, Cadillac Three , Niko Moon y Teddy Robb.
Los promotores están buscando un juicio declarativo declarando que las órdenes y decretos que prohíben las reuniones públicas son inválidas, así como la adjudicación de «al menos daños nominales» y honorarios de abogados.
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